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Ya sea por costumbre, pereza o pragmatismo, por el momento Tailandia evita lo peor y la guerra civil, un año después del golpe de Estado liderado por el poder militar que comenzó tras la nominación de su jefe, el general Prayuth, al puesto de primer ministro. En mayo del 2014, el país era escenario de confrontaciones violentas entre los partidarios de la primera ministra Yingluck Shinawatra - elegida democráticamente y destituida de sus funciones por la justicia - y sus opositores, compuestos principalmente por élites tailandesas, ultra-monárquicos y militares. Fue entonces, en un contexto de fuertes turbulencias cuando la junta se apoderó del poder con la bendición del rey de 87 años, venerado en todo el país.
Un año después, se debe considerar el statu quo. Dirigido con mano de hierro por el general Prayuth, el país no parece estar listo para reanudar las elecciones democráticas. Estas se postergaron de nuevo, esta vez para finales del 2016; tiempo suficiente para que la junta militar concluya la nueva redacción de la Constitución tailandesa – sería la décima en un siglo - que correspondería naturalmente a los principios que defiende y especialmente a la monarquía actual.
El poder militar realizó este acto de fuerza en mayo del 2014, antes que nada para evitar que se pusiera en tela de juicio la monarquía. Yingluck Shinawatra y su hermano Thaksin, que antes de ella fue también primer ministro del país del 2001 hasta el 2006 antes de ser derrocado por un putsch, son acusados por sus opositores de intentar cuestionar la monarquía. De hecho, como lo resume el diario francés Le Figaro, la nueva Constitución deseada por la junta busca evitar “La joven democracia thai, en beneficio del establishment monárquico de Bangkok, cuyo predominio había sido alterado por las urnas y por la ascensión de Thaksin”, y luego por la de su hermana.
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Mientras tanto, el poder actual aumenta su influencia en el país, a través de una represión cada vez más violenta y mediante los muchos llamamientos a la calma por Yingluck Shinawatra. Los primeros blancos del general Prayuth son los periodistas que critican el régimen. En marzo, el primer ministro amenazó con penas de muerte a los “que no traen la verdad”, aconsejándoles trabajar de manera que favorezcan la “reconciliación nacional”.
De manera general, la ley marcial prevalece en Tailandia desde mayo del 2014 y prohíbe toda reunión política. Además de los medios de comunicación, el gobierno critica más ampliamente a todos los partidarios de la familia Shinawatra e incluso restableció el uso del crimen de lesa majestad. Raramente utilizado en Tailandia y mucho menos contra miembros de la sociedad civil, se puso de moda, y un hombre fue condenado en marzo a una pena de 25 años de cárcel por comentarios escritos en Facebook que el rey juzgó como ofensivos.
Por ahora, frente a esta deriva autoritaria y a pesar de la confusión en torno al contenido preciso de la futura Constitución y de la fecha de las próximas elecciones, la comunidad internacional permanece muy silenciosa. La Unión Europea o incluso los Estados Unidos se conformaron con condenar el golpe de Estado y hacer un llamamiento al regreso de la democracia, sin mencionar las medidas de retorsión. Una actitud peligrosa y eventualmente perjudicable al menos para Europa, en la medida en que la credibilidad de su nueva diplomacia podría verse empañada.
Como lo explicó el director del Centro de búsquedas para el establecimiento de la paz, Gothom Arya, según el diario francés Libération, la futura Constitución “es un proyecto redactado con el pensamiento de que los políticos son malos, que no podemos confiar en ellos y que sólo los miembros de las asambleas (nombrados por los militares) pueden continuar haciendo reformas”. Tailandia no es la prioridad de la Unión Europea o de la comunidad internacional, pero deberán enfocarse mucho más en este país para evitar la instauración de una dictadura duradera.
