México : « Vivos se los llevaron, vivos los queremos »

El 26 de septiembre, 57 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, entre 18 y 21 años, fueron a Iguala con fin de recaudar fondos y organizar próximamente una importante manifestación. Cuando estaban a punto de irse de Iguala, los estudiantes fueron atacados por la policía local y varios miembros del cartel de los “Guerreros Unidos”, esto en un tiroteo en el cual seis personas fueron asesinadas y veinte-cinco heridas. Los sobrevivientes fueron llevados después en varios vehículos de policía y están considerados como desaparecidos desde entonces. Según varios testimonios, después del tiroteo, la policía local entregó los estudiantes a uno de los carteles de droga de la zona, los “Guerreros Unidos”.

Diez días después de los hechos, las autoridades locales descubrieron 28 cuerpos calcinados en una fosa clandestina, cerca de Iguala. No obstante, las autoridades mexicanas anunciaron el 11 de noviembre que no encontraron huellas ADN de los 43 estudiantes en estas fosas. 

La investigación se reanudó el 7 de noviembre, fecha en la cual el Ministro de Justicia mexicano, Jesús Murillo Karam, reveló las confesiones de tres miembros de los « Guerreros Unidos » detenidos desde los hechos. Según sus declaraciones, los cuerpos de los 43 desaparecidos hubieran sido quemados en una enorme hoguera que duró más de 14 horas y los restos hubieran sido tirados en el río San Juan, en las cercanías. 

Desde los finales del mes de septiembre, las autoridades federales han detenido a más de 70 miembros de los “Guerreros Unidos” y de la administración local.  El 4 de noviembre, detuvieron en particular a la “pajera imperial”, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, quienes huyeron hacia la capital dos días después del tiroteo. 

José Luis Abarca, el alcalde de Iguala, estaría presuntamente implicado en el drama, puesto que habría personalmente ordenado el ataque por parte de la policía local en contra de los estudiantes de Ayotzinapa. Hoy en día, está acusado de ser el autor intelectual de estos crímenes en asociación con los narcotraficantes locales. Además, María de los Ángeles Pineda, su propia esposa, sería la hermana de tres narcotraficantes del cartel de los « Guerreros Unidos ». 

Según Abel Barrera, director del “Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinollan” (Estado de Guerrero), el drama de Iguala es “la gota que rebosa la copa para la población indignada por la incapacidad por parte del Estado de encontrar los desaparecidos”. 

Desde la desaparición de los 43 estudiantes, las manifestaciones se multiplicaron en el Estado de Guerrero. Las familias de las víctimas y la población mexicana siguen exigiendo que los desaparecidos les sean desvueltos vivos, demostrando así su negación a aceptar sin verdaderas pruebas la versión oficial del gobierno mexicano. 

Los manifestantes bloquearon durante horas, el 10 de noviembre, el acceso al aeropuerto internacional de Acapulco e incendiaron la sede del partido gubernamental (el PRI), en la ciudad de Chilpancingo. El miércoles 12 de noviembre, cerca de 500 estudiantes y profesores incendiaron parcialmente el Parlamente de Guerrero.  

Las familias de los desaparecidos iniciaron el jueves pasado tres caravanas para recorrer el Estado de Guerrero con fin de acentuar la presión sobre las autoridades federales para que sigan las investigaciones y encuentren a los 43 estudiantes desaparecidos. Ahora, prevén ir a México DF, el 20 de noviembre, fecha de la fiesta nacional de la revolución mexicana, para seguir exigiendo que se haga justicia.  

Desde mediados del mes de octubre, parece que las manifestaciones comenzaron a hacer eco en la escena internacional como lo demuestran las numerosas reuniones públicas organizadas en el mundo entero y particularmente en París para apoyar a las familias de las víctimas. Según Mauricio Mejía, estudiante mexicano de maestría en Sciences Po y presente durante las manifestaciones en París, es “muy importante manifestar fuera de México para que la comunidad internacional se de cuenta de lo que está pasando realmente. Hay que romper con el discurso oficial difundido a nivel internacional según el cual México está actualmente en pleno cambio y modernización gracias a las reformas económicas y que la violencia ahora es un problema colateral y casi bajo control”.

Después de la dimisión del Gobernador del Estado de Guerrero Ángel Aguirre (el 23 de octubre) y la del Procurador General del Estado Iñaky Blanco (el 12 de noviembre), gran parte de la población mexicana pide ahora la renuncia del Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.

Mientras fue adulado por la prensa internacional y que fue descrito en la portada del Time como el “salvador de México” (febrero de 2014), Enrique Peña Nieto conoce actualmente la crisis más grave de su presidencia desde su llegada al poder en 2012. 

El drama de Iguala pone así en relieve una de las más profundas gangrenas de México, la corrupción de las autoridades políticas y policiales con los carteles locales de droga.

Según Mauricio Mejía, “el gobierno mexicano es doblemente responsable. El gobierno local de Iguala se encargó de detener a los estudiantes para posteriormente entregarlos al cartel de los “Guerreros Unidos” que se encargarían así de hacerlos desaparecer. Sin embargo, el gobierno federal es también responsable de su acción tardía, ineficaz y de la falta de información dada a las familias. Nos damos cuenta de que la coalición entre el gobierno y el narcotráfico es real y peligrosa”. Y añade que “la posible renuncia de Peña Nieto no debe ser justificada “únicamente” por la desaparición de los estudiantes, sino por la de los 20 000 personas que desaparecieron durante su mandato y la falta de existencia de un Estado de Derecho en México”.

Sin duda, el asunto de Iguala marcará profundamente la presidencia de Enrique Peña Nieto. La cuestión queda abierta ahora para determinar si permitirá una renovación de la clase política mexicana y una lucha efectiva en contra de la corrupción y del dominio de los carteles de droga en suelo mexicano.