El caso de Florence Cassez, aquella francesa sentenciada por secuestro y crimen organizado inicialmente por noventa años en la prisión de máxima seguridad de Tepepan en el Distrito Federal y que tiempo después dicha sentencia se reduce a 60 años, es un caso de los tantos problemas que el Estado, el Sistema y el Gobierno Mexicano presentan tanto en la impartición de Justicia y Seguridad como en el rumbo hacia la supuesta consolidación de la Democracia mexicana.
No obstante y en razón a la existencia de opiniones encontradas, no se pueden descuidar ni mucho menos olvidar los hechos alternos, indirectos, internacionales así como locales que en conjunto representan un factor primordial para acercarse a la “verdad” en el Caso Florence Cassez.
Inicialmente observamos las irregularidades en la detención, ya sea por la escenificación de la misma un día después de la verdadera detención así como la intervención, manipulación y engaño realizado por la televisora Televisa. Todo esto generó el escándalo y representó la mayor prueba de culpabilidad sumada a las malversaciones en el tenor de la contradicción y la incoherencia de los que se decían ser víctimas de Cassez declarando en contra de ella, así como la falta de pruebas contundentes sobre la culpabilidad o inocencia de la acusada.
Además, se debe analizar el escenario nacional e internacional que en ese momento existía (2005) donde el presidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa, le apostaban a la mal implementada Guerra contra el Narcotráfico para supuestamente frenar al crimen organizado y a los Carteles de la Droga así como el presidente francés Nicolas Sarkozy que se ve involucrado en ciertos escándalos, declaraciones y difamaciones que lo desacreditaban, dañando su popularidad. Por lo tanto y ante el acontecimiento de una ciudadana francesa a punto de ser juzgada penalmente en México, se generó un clima de Tensión Política Internacional, es decir, el caso politizó debido a que los dos mandatarios buscaban credibilidad, legitimidad, algo que limpiara los errores cometidos y levantara su popularidad, de tal manera que Cassez se convirtió en la cereza del pastel.
El mandatario francés necesitaba la liberación de Cassez y el mandatario mexicano necesitaba la sentencia definitiva para consolidar las campañas de popularidad que pretendían, y es que, ninguno de los dos iba a ceder terreno y el ejemplo más claro fue la violación por parte del Gobierno Mexicano de lo acordado en la Convención de Estrasburgo, ya que la extradición de Cassez fue negada, sentenciándola y obligándola a “purgar su condena” en México aun cuando el mandatario mexicano había expresado lo contrario días antes a la primera sentencia.
Aunado con los intereses políticos internacionales, debemos agregar el funcionamiento de un Sistema Judicial Penal mexicano incapaz de impartir y establecer justicia. Un sistema que solo satisface las necesidades de un grupo político específico cómplice y al servicio de los grupos criminales que imperan y “gestionan” en México dando lugar a que la ciudadanía no represente para el sistema ningún valor y por lo tanto no exista un respaldo real de la justicia.
Solo es cuestión de analizar cómo funciona el Sistema Judicial Penal Mexicano y podremos entender el porqué de las deficiencias en la impartición administrativa de justicia, es decir, desde que la palabra del detenido frente al Juez es desplazada por un archivo escrito, privado y limitado en la interpretación, donde el Juicio Oral no existe y solo impera el Juicio “leído y escrito” hasta la corrupción, nepotismo o tráfico de influencias y complicidades en la impartición de dicha justicia.
Además la existencia de funcionarios poco profesionales y éticos en su trabajo así como agentes judiciales y policías poco comprometidos con su profesión en un ambiente cargado de impunidad en donde aquel delincuente que logra demostrar y pagar fuertes cantidades de dinero es quien logra su libertad. La ciudadanía mexicana ha dejado de confiar en estas instituciones, en las leyes y en la aplicación de las mismas. Los mexicanos viven con miedo, conscientes que en cualquier momento pueden ser ellos los afectados, ya sea por un crimen directamente hacia ellos y que probablemente no será resuelto así como ser inculpados por algo que nunca hicieron y ejemplos sobran.
Desgraciadamente las Negociaciones Informales dentro del Sistema Judicial Penal mexicano siempre han sido determinantes en el funcionamiento del mismo, donde la verdad representa un riesgo político, económico y social y la mentira, así como la impunidad, una “salida fácil” ante una situación comprometedora; donde la represión y la violación de los derechos humanos y civiles son el fundamento para “sancionar los delitos” y los sobornos la tranquilidad del delincuente, es así como México vive bajo la presión y la tensión de un Sistema y un Estado incapaz de satisfacer, si quiera, las necesidades más básicas de la ciudadanía, en este caso: La Justicia y Seguridad.
Así, definir la inocencia o culpabilidad de Florence Cassez liberada el pasado 23 de enero del 2013, cae en segundo término. Su liberación fue un hecho importante aunque explotado y comercializado, como de costumbre, por los Medios de Comunicación. Darle seguimiento al caso no sería enfocándose en su culpabilidad o inocencia, sino en los acontecimientos destapados y relacionados fuertemente con figuras políticas de alto rango como le ex Secretario de Seguridad Pública mexicana y ex director de la ex Agencia Federal de Investigación (AFI) Gerardo García Luna, la complicidad de empresarios importantes como Eduardo Margolis y el hermano de Florence, Sebastien Cassez, así como los involucrados y hoy “desaparecidos” Ezequiel Elizalde, Israel Vallarta y las demás supuestas víctimas y posibles culpables relacionadas con el caso.
Finalmente, como mexicanos y extranjeros preguntarnos ¿qué tipo de justicia y derechos, tanto humanos como civiles, son los que el Estado y Gobierno con el cual cohabitamos proporciona a la ciudadanía? Y ¿cuál es el tipo de justicia y derechos, tanto humanos como civiles, que como ciudadanía merecemos?
