El caso Alberto Nisman sacude a Argentina

La muerte de Alberto Nisman, descrita en primer lugar como un suicidio, ha producido numerosas y verdaderas inquietudes. El procurador estaba investigando el caso de la AMIA, y se disponía a revelar informaciones comprometedoras sobre la implicación de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de altos responsables argentinos en el atentado que sufrió el país hace ya más de veinte años.
 

El 18 de enero, el cuerpo del procurador Alberto Nisman, con una bala en la sien, fue hallado inerte en su domicilio. Al día siguiente de su muerte, Nisman iba a presentar un reporte de 289 páginas ante el Congreso. Se trataba del resultado de su investigación sobre el caso de la AMIA. Hasta el día de hoy, el atentado sin resolver contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el 18 de julio de 1994, se considera como el ataque terrorista más importante del país, provocando 85 muertos y 230 heridos.
 

En su reporte, Nisman acusaba a la presidenta, al igual que a varios responsables políticos – especialmente al ministro argentino de Relaciones exteriores, Héctor Timerman –, de haber encubierto a Irán durante la investigación del atentado contra la AMIA. Cuatro días antes de su muerte, el pasado 14 de enero, el procurador Nisman declaró a la cadena televisiva Todo Noticias que existía una “alianza [del gobierno] con los terroristas”. Alegaba que podría presentar pruebas de un “pacto de inmunidad, negociado y organizado con los iraníes”, en con acuerdos comerciales firmados con Irán como contrapartida, en particular de petróleo. El mismo día, Nisman declaró haber recibido varias amenazas. De tal manera, mostraba su preocupación en cuanto a su seguridad y la de sus dos hijas, afirmando así que este caso había cambiado radicalmente su vida.
 

Jaime Stiuso, antiguo jefe de los servicios de información argentinos y principal informante de Nisman, habría huido del país. Imposible de rastrear, se piensa que él fue la última persona con la cual el procurador se habría comunicado antes de su muerte. Stiuso conoció a Nisman en el 2004, y desde ese entonces le ayudaba con la investigación del atentado a la AMIA.
 

Desde el pasado 22 de enero, la presidenta Kirchner retractó sus declaraciones iniciales por medio de las redes sociales: “El suicidio (que estoy convencida) no fue suicidio”.
 

Ocho días después de la muerte de Nisman, la presidenta habló durante una entrevista de cerca de una hora, con el fin de responder a las diferentes acusaciones sobre la implicación del gobierno en la muerte de Nisman: “No les tengo miedo, que digan lo que quieran, que los jueces me citen […], no me van a hacer mover un centímetro de lo que siempre he pensado". El mismo día, la presidenta anunció la disolución de los servicios de inteligencia argentinos (Secretaría de Inteligencia del Estado), los cuales serán reemplazados próximamente por una agencia federal de información. Desde entonces han circulado varios rumores, afirmando que dicha disolución habría sido provocada por su implicación en el reporte de Nisman contra el gobierno mismo.
 

El 18 de febrero (“18-F”), cerca de 400 000 argentinos salieron a las calles de Buenos Aires, con ocasión de una marcha silenciosa organizada por diferentes procuradores en homenaje a su colega desaparecido. El principal objetivo de dicha concentración era reclamar justicia para Alberto Nisman, al igual que obtener la independencia de la justicia misma y denunciar la impunidad política que castiga al país desde el pasado mes de diciembre. Con este motivo, se alzaron varias pancartas con el slogan “Yo soy Nisman”, acusando directamente al gobierno y a los servicios secretos de haber manipulado el asesinato del procurador.
 

Desde que se anunció la organización de dicha manifestación, el gobierno se negó a llamarla la marcha de “homenaje a Nisman”. Afirmó que se trataba en realidad de una verdadera “manipulación política” de la oposición contra la presidenta, “una marcha de la oposición, convocada por los procuradores, apoyada por los jueces y por la totalidad de la oposición”. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, en respuesta a las declaraciones de la presidenta, afirmó que “el poder judicial no es un partido sino un poder del Estado: independiente de los demás, tal y como deberían serlo los otros tres [poderes]”.
 

Hoy en día, el caso Nisman va de la mano con una importante instrumentalización política. Está en el medio de una gran propaganda gubernamental. Puesto que varios jueces y procuradores argentinos acusan a la presidenta de haber ejercido presiones sobre la justicia, no se puede negar que las declaraciones y contra-declaraciones de los diferentes actores políticos alimentan un clima de tensiones bastante peligroso en el país.
 

Desde hace ya más de un mes, esta investigación retumba en Argentina. La procuradora Viviana Fein es la actual encargada de investigar la muerte de Alberto Nisman. El procurador Gerardo Pollicita, en cuanto a él, retomó el reporte de Nisman sobre el atentado a la AMIA.
 

La muerte del procurador Nisman causa profundas intrigas tanto en Argentina como a escala internacional, debido a su fondo antisemita y a un posible complot de Estado. Mientras que cerca del 70% de la población argentina no cree en la teoría del suicidio, el caso del procurador mancha indeleblemente la imagen de la presidenta Kirchner y de su gobierno, a pocos meses de las próximas elecciones presidenciales, en octubre de 2015. La importante movilización de los argentinos marca la voluntad unánime de la población de obtener una transparencia total, al igual que una completa separación de los poderes – especialmente el judicial y el ejecutivo –. Un caso lejos de elucidarse.