Acuerdo transpacífico: el futuro de 40% de la economía mundial resuelto secretamente

Semejante al tratado transatlántico de libre comercio, el cual suscita hoy en día un debate en Europa y en los Estados Unidos, el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (o Trans-Pacific Partnership Agreement en inglés, también conocido por sus siglas TTPA o TTP) está a punto de decidir la suerte de alrededor diez países costeros del Océano Pacífico, y esto en un contexto en el cual la ley del silencio predomina, ya que ninguna de las partes desea divulgar la información de las negociaciones llevadas a cabo. Sin embargo, y contrariamente al primer acuerdo que atropella gracias a la movilización de la opinión pública, este último parece haber tomado la buena vía, y se concluirá en los próximos meses. Dichas negociaciones, iniciadas hace ya 5 años, corresponden a un tratado de libre comercio de importancia inédita y podrían concluirse en los próximos meses.

Debido a la ley del silencio que encubre este tema, ha filtrado poca información sobre el tratado en sí y sus negociaciones . Sin embargo, se sabe que se trata de un acuerdo comercial que, a largo plazo, uniría a doce países de la costa pacífica (Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, a los cuales se unió recientemente Japón), zona que registra el 40% de la actividad económica mundial. Si dichas negociaciones tuvieran un desenlace exitoso, la consecuencia sería el mayor tratado de libre comercio del mundo. Paradójicamente a la importancia económica de este proyecto, esta es la única información oficial que circula sobre el asunto.

Pero a la hora de la transparencia generalizada, aunque le disguste a las grandes administraciones del mundo, el espionaje de datos no es unilateral, y toda filtración viene a aclarar significativamente las negociaciones en curso. Efectivamente, durante el pasado mes de octubre, WikiLeaks dejó escapar una parte de este acuerdo, aún en elaboración.

El australiano Julian Assange, portavoz de esta organización y originario de uno de los países afectados por el tratado, justificaba, en esa época, la publicación y denunciaba el secreto alrededor de las negociaciones abiertas tan solo a ciertas multinacionales, cuando las decisiones tomadas tendrán un impacto fundamental en la vida de los habitantes de los países vinculados con el acuerdo. Solo se filtró el capítulo sobre los derechos de la propiedad intelectual, en parte sobre las cuestiones de patentes, derechos de autor y derechos numéricos. Pero la organización americana Just Foreign Policy, la cual busca reformar la política externa de los Estados Unidos, ya logró recaudar $70 000 USD en línea, en forma de prima para WikiLeaks si ésta lograra conseguir el texto completo del acuerdo transpacífico.

Ya en noviembre de 2013, WikiLeaks dejaba escapar las negociaciones en curso sobre las mismas cuestiones de propiedad intelectual. Desde ese entonces, la organización ha visto que se han agregado elementos que van claramente en el sentido del interés de las grandes empresas. Por un lado, dichas modificaciones son susceptibles de modificar o afectar las exigencias relativas a la comercialización de OGM, y así acabar con las leyes que imponen el etiquetaje de los alimentos genéticamente modificados.

Por otro lado, la industria farmacéutica parece avanzar sus peones, especialmente con reglas que impiden alargar la duración de vida de las patentes médicas de más allá de veinte años, restringiendo así la competencia y por ende – y gracias a la puesta en circulación de medicamentos genéricos – el acceso a tratamientos asequibles. En general, este capítulo se considera como un atentado a la libertad de información, a las libertades cívicas y al acceso a los medicamentos.

Este acuerdo transpacífico también preocupa a los especialistas de la propiedad intelectual, ya que temen que éste ayude a los grandes grupos de la industria musical y cinematográfica, los editores de softwares o los fabricantes de productos farmacéuticos a mantener o a aumentar los precios reforzando los derechos de los propietarios de copyright o de patentes, atacando a la piratería en línea y desarrollando obstáculos contra los medicamentos genéricos. Matthew Rimmer, profesor especializado en derecho de la propiedad intelectual e innovación, va hasta comparar este acuerdo a una lista de regalos de Navidad redactada por las pocas multinacionales que tienen voz y voto.

Al expresarse sobre el reciente episodio que prohibió a los proveedores de internet en Australia la transmisión de las direcciones IP de los internautas que descargaron ilegalmente la película Dallas Buyers Club (El Club de los Desahuciados) a la empresa en posesión de los derechos de dicha película, Kimberlee Weatherhall, profesora de derecho de la propiedad intelectual de la Universidad de Sídney, estima que el acuerdo transpacífico podría llegar a sancionar de manera concreta la descarga ilegal.

Hay otras dudas que aparecen al momento de leer este texto, el cual se supone que debería otorgarles a las empresas la posibilidad de demandar a los gobiernos que prohíben la competencia: ¿las leyes australianas que imponen una cajetilla de cigarrillos neutra podrán ser mantenidas? O también, ¿cuál será el futuro de los programas públicos que buscan favorecer el consumo de productos derivados de la agricultura local y orgánica en las cafeterías escolares?

Este acuerdo deja, así, varias preguntas cuyas respuestas son raras. Y pese a las pocas críticas que logran salir a flote, las negociaciones están a punto de entrar en su fase final. Mientras que se justifica el bloqueo del acuerdo transatlántico porque el congreso americano impide que el presidente Obama tenga márgenes de maniobra, éste parece otorgarle demasiada confianza al asunto transpacífico.

A finales de junio, después de una larga batalla parlamentaria, Obama recibió el poder de negociación acelerada (Fast Track Negotiating Authority, también llamado Trade Promotion Authority) por parte del Congreso americano. Esto permitirá que Obama lleve a cabo las negociaciones y someta el acuerdo al Congreso sin que éste pueda enmendarlo. Ya que las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos están en manos de los Republicanos, éstos siendo ampliamente favorables al acuerdo, el presidente Obama se opuso a una parte de su mayoría al hacerse otorgar tales poderes.

La mayoría presidencial, sin embargo, parece estar menos que convencida del beneficio de este tratado de libre comercio, el cual, según ella, contribuiría a aumentar la precariedad de la clase media y otorgaría a las multinacionales el privilegio jurídico de atacar a los gobiernos en un tribunal independiente, lo que permitiría rodear las legislaciones nacionales. Con la debida autorización del Congreso para acelerar el proceso, Obama se alista para abrir la última ronda de negociaciones entre los doce representantes comerciales de los países en cuestión.

¿Cómo justificar que el Congreso de los Estados Unido le dé tanto poder a la administración de Obama? Quizás la respuesta esté en el interés estratégico de este acuerdo. Y con razón, pues se trata nada más y nada menos de formar un aro de economías interdependientes en una zona del Pacífico donde China se instala como líder.

Según Ashton Carter, secretario de defensa de los Estados Unidos, el acuerdo transpacífico es mucho más importante para la geopolítica estadounidense que la instalación de otro portaaviones más en la región. Otros lo ven como un medio que tienen los Estados Unidos para imponer sus normas económicas, ahora que China se ha declarado interesada en unirse a esta zona de libre cambio, lo que la forzaría a aceptar las reglas ya establecidas y a someterse al mecanismo de arbitraje creado por dicho acuerdo. Hay varias razones que explican el secreto que rodea las negociaciones.