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Después de su entrada a la Unión Europea en 2007 el estado rumano habla de la corrupción y de la delincuencia organizada como una de sus principales preocupaciones. ¿Pero cómo luchar contra este azote ya que los principales responsables son los dignos representantes del mismo estado?
Apoyada por la Unión Europea a partir de 2005, la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA), presidida por Laura Kövesi, sacude el tablero político revelando numerosos casos de corrupción y lucha por lograr una política más transparente con respecto al pueblo rumano. Entre las detenciones más mediatizadas, Adrian Nastase, el Primer Ministro socialista entre 2000 y 2004 fue condenado a dos años de prisión firme por corrupción en 2012.
El pasado 30 de septiembre, nueve ministros fueron acusados de recibir sobornos a través de compras de software de Microsoft a un precio cinco veces superior al precio de mercado.
El 21 de octubre, el portavoz de Victor Ponta, un candidato socialista en las últimas elecciones presidenciales, fue convocado por los fiscales de la DNA, acusado de presionar al Ministerio de Justicia para que se aprobara un proyecto de ley que otorgaría amnistía a numerosos políticos en prisión por corrupción.
Entre todos estos casos – y al día siguiente de una elección llena de esperanza para la lucha anticorrupción – reventa el caso Alina Bica.
Un caso perturbador
El pasado 21 de noviembre, cinco días después del triunfo de Klaus Johannis en las elecciones presidenciales. A pesar de que la prioridad de la campaña de éste había sido la lucha contra la corrupción, un primer caso marca la clase política: Alina Bica, nada más y nada menos que la jefe del Departamento de la Lucha contra la Delincuencia Organizada y el Terrorismo, la fiscal de y la ex secretaria del Estado, fue investigada.
Sospechada de haber causado una pérdida de unos 62 millones de euros al Estado rumano, su nombre es uno de los que se emplea con más frecuencia en este caso, por sus funciones en el gobierno. Pero no es la sola persona implicada: también se está investigando a cuatro hombres políticos.
El caso remonta a 2011, cuando Bica, Alexandru, Bogdan, Diacomatu y Attila eran miembros de la comisión nacional para la restitución de las propiedades embargadas por el antiguo régimen comunista.
Stelian Gheorghe, un hombre de negocios en el sector inmobiliario reivindicó una compensación por un terreno de 13 hectáreas, situado en el barrio de Plumbuita en Bucarest. Los miembros de la comisión recurrieron entonces a Emil Nutiu, un experto inmobiliario, para estimar el valor del bien. La justicia afirma que el importe establecido por éste, 85 millones de euros, ha demostrado ser claramente superior al valor real del terreno – 25 millones de euros. La estimación causó una pérdida de 62 millones de euros al estado rumano. Los miembros de la comisión son acusados de cerrarse los ojos ante aquella suma con toda consciencia de la causa, con el fin de recibir una compensación financiera.
Iohannis, la esperanza de un pueblo desilusionado
Sin embargo, estamos lejos de haber terminado con este caso: cada semana dos hombres políticos se revelan culpables. En estos tiempos de corrupción muy frecuente en Rumania, la elección de Klaus Johannis es una verdadera esperanza para la población rumana. Durante su campaña, el nuevo presidente declaró: “Soy el único candidato aún en liza dispuesto a garantizaros la justicia, la independencia y el estado de derecho”.
Los rumanos esperan grandes cosas de su nuevo presidente que aún debe dar prueba y cambiar la política corrupta de una Rumania que se está desarrollando desde todos los puntos de vista.