La Ley Wert, la privatización de la educación española ?

A finales del año pasado el ministro español de educación Jose Ignacio Wert presentaba el anteproyecto de la ley LOMCE, la ley de la nueva reforma educativa, este mes espera ser aprobada. Desde su presentación en diciembre de 2012, Wert ha introducido algunos cambios debido al descontento general que suscitó este proyecto de ley, el cual, según sus detractores, se ha desarrollado de una forma antidemocrática al no haber sido consultada con la comunidad docente y educativa, así como con expertos ajenos al propio partido. Esta ley unirá más que nunca la economía y la educación.

Ya en el prefacio Wert hace una declaración de intenciones al obsequiarnos con su visión de la  educación. Tanto la LOE, ley de la educación vigente en España, como la LOMCE, el nuevo proyecto de ley, la definen en su prefacio. Así la primera entiende la educación como “El medio de transmitir valores, renovar la cultura (...) fomentar la convivencia democrática, el respeto a las diferencias individuales, promover la solidaridad y evitar la discriminación (...) para lograr la cohesión social. (...) Es el medio más adecuado para garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica”. Sin embargo Wert, sin más preámbulos, declara en su borrador del anteproyecto de ley que la educación no es más que un medio para llegar con éxito al mercado, más concretamente asertaría que “La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país (…) su capacidad de competir con éxito en la arena internacional (…) es una apuesta por el crecimiento económico y por conseguir ventajas competitivas en el mercado global”.

Bajo esta finalidad de la educación aquellas asignaturas que no provoquen beneficios económicos, es decir que no consten en las listas de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)  corren peligro de ser eliminadas. El criterio para determinar la buena educación se basarías así en su instrumentalización. Esto, según nos cuenta Sebastian Álvarez, Profesor de Filosofía de la USAL (Universidad de Salamanca), ocasionaría  “ciudadanos unilaterales, incompletos e insatisfechos, incapaces de entender el entramado del que forman parte productiva”. Por ello, los detractores de esta ley la han tachado de comercializar la educación y el conocimiento, y de perseguir mano de obra acrítica. Ángel Holgado estudiante de la USAL lo resumía así: “Se dice que no le des tus peces a un hombre pobre, sino que le enseñes a pescar. Eso sería educar. Ahora se le da la caña y se le pone directamente a pescar, no se le enseña nada, ya que el fin no es el hombre, sino los peces que pueda pescar”.

La rama de la filosofía es una de las más afectadas debido a su escasa competitividad en el mercado. En este anteproyecto desaparecen las asignaturas obligatorias que incluyan material ético-cívico, ya que eliminan la tan polémica asignatura de educación para la ciudadanía así como plantean la asignatura de ética cómo una alternativa a la religión, la cual toma más peso. Las asignaturas de filosofía de los dos últimos años de instituto también quedan en entredicho. Esto no solo supondría la tan radical reducción de puestos de trabajos para los filósofos, sino que la filosofía misma quedaría prácticamente eliminada del sistema educativo. En palabras de  Alejandro Lozano, estudiante de máster de filosofía de la USAL, las asignaturas ético-cívicas serían “Fundamentales si lo que queremos es formar ciudadanos responsables y competentes en la vida pública. Y esto es imprescindible si queremos avanzar hacia un modelo político auténticamente democrático”. Álvarez a su vez considera estas asignaturas de “Muy importantes, particularmente en estos momentos, en los que estamos constatando cada día cómo el desprecio de las actitudes éticas y cívicas ha conducido a la corrupción, la ineptitud, la irresponsabilidad y otras lacras, responsables básicamente de la actual crisis social”.

Pero no es este el único lazo que estrecha la relación entre educación y mercado. La propuesta de Wert supone un primer paso hacia la privatización de la enseñanza. Lozano calificaría de “error introducir el modelo empresarial o privado en la educación de tal forma que se abordase la formación de los alumnos bajo criterios de tecnificación o profesionalización” .Por su parte Holgado afirma con vehemencia que “en estados supuestamente punteros en derechos y libertades como es el caso del estado español, cualquier tipo de privatización no deja de ser un atraso”, además agrega que “sería de lógica consecuencia el aumento de las diferencias entre clases sociales, por una concatenación de circunstancias tales que: a mayor poder económico, mayor nivel educativo, lo que posibilita el acceso a mejores puestos de trabajo, que suelen ser los de mayores requerimientos académicos y, por ende, mejor remunerados”.

Son muchas las protestas que se han elevado contra este proyecto de ley, ya que sus oponentes opinan que devalúa la educación. La última manifestación tuvo lugar el pasado 9 de mayo, la Marea Verde, asociación en defensa de la escuela pública, inundó las calles de España, se estima la participación de 120.000 personas tan sólo en Madrid. Pero no sólo con manifestaciones muestra la comunidad educativa su descontento, muchos profesores de universidad optaron el día 7 de mayo por dar sus clases en la calle para protestar contra las reformas y mostrar su apoyo a la enseñanza pública. El propio hermano del ministro de educación, Juan Pablo Wert, profesor de Historia del Arte de la Universidad de Castilla la Mancha, impartió sus clases fuera de los aularios. Durante su charla trató temas como la política y la ciudadanía. “¿Esto es una protesta o una propuesta? Yo me inclino por lo segundo (...) aquí estamos haciendo política, y muy digna”.

Sin embargo todas estas movilizaciones no parecen alterar el curso de los acontecimientos. El anteproyecto de ley había sido aplazado una vez en su presentación ante el Consejo de Estado. La vicepresidente Soraya Sánchez de Santamaría explicaba en una rueda de prensa que las causas fueron unas observaciones que convenía cerrar antes de elevarlo al Consejo. Este viernes el Consejo de Ministros ya lo admitió a trámite y pasará a ser debatido en el Congreso y Senado, antes de su definitiva aprobación.

Esta será la séptima ley educativa desde la democracia. Con estos precedentes cabe esperar que nuevos cambios se sucedan. Esperemos que los próximos dejen de lado al dinero y alimenten el valor de la educación en sí misma, ya que sin ella, en palabras de Holgado, caeríamos “en una sociedad mecanizada y apática, insolidaria y competitiva, en la que no tienen cabida los individuos ajenos al sistema”.