Pennsylvania State University identificó 84 casos de agresiones sexuales entre 2010 et 2012. Crédito Penn State Archives
En 2014, la administración de Obama inició una campaña llamada It’s On Us con el objetivo de luchar contra la aparición de violencia sexual, y un grupo de trabajo fue asignado especialmente a la protección de los estudiantes, categoría muy afectada por este azote. De este modo, la comisión realizó varios estudios respecto a la gestión de las acusaciones de violaciones o agresiones sexuales por parte de las universidades. Después de estos estudios, se realizaron investigaciones adicionales a 94 establecimientos por su mala gestión del problema. Según KC Johnson, profesor de historia en el Brooklyn College y especialista en materia de violencia sexual en la universidad, ”las cifras indican una tasa de criminalidad más importante en los campus universitarios que en cualquier ciudad de cualquier país”.
Acciones de prevención en el centro del calendario de las universidades
Sin embargo, a pesar de esta constatación alarmante, las universidades están a la vanguardia cuando se trata de organizar la prevención. Más allá de la lucha en el plano federal, los establecimientos han intensificado la gestión del problema en su origen, y multiplican las campañas y acciones de prevención.
En la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro, institución pública, todos los estudiantes tienen que seguir un curso en línea obligatorio de unas dos horas sobre la prevención y definición de la violencia sexual. A pesar de que a veces este curso carece un poco de realismo, el centro educativo quiere animar con esta campaña a la abertura de diálogo entre los estudiantes, y sobre todo quiere aclarar la imprecisión en torno al contenido del concepto de abuso sexual, todavía desconocido por muchos estudiantes. Se hace especial hincapié en la cuestión del consentimiento mutuo.
Una captura de pantalla del curso en línea que propone la UNCG
De manera general, los medios asignados a la prevención han aumentado significativamente en todo el país. El gobierno lucha a nivel federal contra ese problema y asigna fondos a las universidades para que puedan intensificar sus acciones y aumentar el personal afectado a la prevención.
La inacción de las universidades frente a los autores de violencia sexual
A pesar de que los centros educativos están siempre presentes en la raíz del problema, la constatación es particularmente alarmante cuando se trata de represión. Las universidades ignoran a un número demasiado elevado de víctimas, y muy a menudo no se sanciona a los agresores. De hecho, la mayor parte del tiempo, estos centros escolares piensan que tienen mucho más que perder que que ganar si informan a la policía de las acusaciones de violencia sexual que podrían empañar su imagen. Esta observación resulta incluso más verídica cuando se trata de una cierta categoría de estudiantes.
El caso de la estrella de fútbol americano plantea el problema de la inmunidad de la que gozan los estudiantes-atletas. En 2012, Jameis Winston, quaterback del equipo de fútbol de la Florida State University fue acusado de agresión sexual. Su universidad, así como la policía local, prefirieron ignorar las acusaciones y la petición de ayuda de la víctima, y eso hasta que saliera el jugador de la universidad. Fue solo cuando salió del sistema escolar cuando se inició contra él una acción penal probablemente no será juzgado antes de 2017.
Este caso revela un problema más grande. Los estudiantes-atletas, quienes representan al 3,3 % de la población universitaria ocasionarían, según varios estudios, el 19 % de las agresiones sexuales en el campus, y serian condenados en solo el 38 % de los caso.
Estos estudiantes, verdadero escaparate de estas universidades, son las gallinas de los huevos de oro de los centros educativos. Además de representar a sus universidades en competiciones que generan millones de dólares, esos deportistas también son una fuente de financiamiento considerable para las universidades en la medida en que muchos de ellos ofrecen importantes donaciones a sus centros formativos durante su carrera profesional. El pasado 10 de diciembre, Draymond Green, jugador de baloncesto en el equipo de los Golden State Warriors, ofreció 3,1 millones de dólares a la Michigan State University.
Además de la impunidad de los estudiantes-atletas, también se puede mencionar el caso de algunas fraternidades, a menudo en el foco de la polémica por las agresiones que se producen en su seno. Una vez más, los centros estiman que les conviene mejor ocultar estas asociaciones de estudiantes de clases superiores, que les son económicamente muy rentables.
Jameis Winston y su abogado. Crédito AP Photo/Don Juan Moore
Existe una explicación muy simple a esta triste constatación: hay que entender que el sistema universitario americano se basa en centros educativos dirigidos como si fueran empresas, que dan una importancia prioritaria a la protección de su imagen de marca, con el fin de atraer al mayor número de alumnos que paguen hasta 50 000 dólares al año de gastos de escolaridad. Desgraciadamente, este deseo constante de promocionar la universidad y de hacerle publicidad se hace en detrimento de la asistencia y del apoyo a las víctimas.
Entre 2010 y 2012, el Washington Post recopiló todos los casos de agresiones sexuales denunciadas por las propias universidades. El 40 % de las universidades públicas de EE.UU no denunció a las autoridades ningún caso de violencia sexual en su centro educativo. Puede ser sorprendente cuando se sabe que según varios estudios, alrededor del 20 % de las estudiantes americanas son víctimas de una agresión sexual durante su etapa universitaria.
La responsabilidad de las universidades ahora cuestionada
Frente a la ausencia de reacción por parte de los centros y a su falta de apoyo a las víctimas de violencia sexual, dos estudiantes de la UNC Chapel Hill, en Carolina del Norte decidieron actuar: en enero del 2013, Annie Clark y Andrea Pino atacaron su universidad en justicia, y basaron su acción en el título IX de los Education Amendments de 1972.
Esta disposición permite obligar a las universidades a que se comprometan en caso de discriminación o de diferencia de tratamiento en sus relaciones con los estudiantes. Permite que las víctimas de violencia sexual reclamen indemnizaciones a las instituciones cuando estas no les aporten la ayuda pedida. Annie Clark y Andrea Pino crearon después el movimiento IXNetwork, y desde hace más de dos años atraviesan los Estados Unidos para apoyar a los estudiantes que son víctimas de agresiones sexuales y acompañarles en sus acciones jurídicas.
La historia del IXNetwork se relata en el documental The Hunting Ground, selección oficial del festival Sundance 2015. Paradójicamente, esta película fue ampliamente difundida por las universidades americanas este año, en virtud de la campaña de prevención.