“Cacería de brujas” en Ucrania

Las autoridades ucranianas amenazan, desde hace poco, con prohibir la entrada al territorio ucraniano y con penalizar de prisión a cualquier persona que vaya a Crimea sin su acuerdo, de esta manera contestan de facto la anexión de esta provincia a Rusia y la consideran como una zona ocupada. Estas medidas penales son el reflejo de un arsenal legislativo post-Maidán, que se desarrolla para contrarrestar la influencia rusa sobre el futuro del país. Si entrar en Crimea sin pasar por la aduana ucraniana puede constituir legítimamente una falta, desde el punto de vista ucraniano, estos últimos meses se tomaron decisiones aún más criticables para reevaluar el papel de Rusia en la memoria ucraniana, siguiendo con el propósito de disminuir la popularidad del “oso ruso”. Se habla de leyes memoriales de “descomunización”. Pero no sólo se trata de remodelar la memoria nacional, estas medidas tienen consecuencias bastante concretas sobre la vida de los ucranianos.

Mientras algunos estiman que el nuevo objetivo de Rusia es sembrar el caos en la vida política ucraniana para impedir la resolución de la guerra en Ucrania oriental, la paranoia se propaga, y todo lo que pueda asociarse de lejos o de cerca con Rusia es visto con cautela. En el marco del miedo de un enemigo interior, es la herencia soviética la que paga el precio. Así, el pasado 9 de abril, la Rada Suprema (el Parlamento ucraniano) votó una ley que prohíbe la propaganda comunista o nazi, lo cual requiere que se hagan desaparecer, en particular, las múltiples representaciones de la hoz y el martillo que decoran numerosas fachadas o monumentos históricos.

De manera cínica, podríamos tachar esta acción de estaliniana, por lo omnipresente que está la huella del pasado soviético. Va desde la necesidad de renombrar entidades, como el Illichivets Marioupol, club de futbol obligado a abandonar el nombre del líder bolchevique Vladimir Ilich Lenin, hasta el desmantelamiento de los frescos que ornaban el metro de Kiev, pasando por la supresión de las insignias comunistas de los portales del Parlamento y del Ministerio de Asuntos exteriores. Ya que deseaban actuar urgentemente, la ley fijó la fecha límite al 21 de junio para que todo símbolo desapareciera, de no ser así los contraventores se verían expuestos a cinco años de cárcel. Pero esto se hizo sin contar con los largos procesos de deliberación, como en el caso del club de futbol mencionado antes, que decidió rebautizarse a través de un sistema de voto en línea. También es el caso de la estatua gigantesca y emblemática de la Madre Patria que conmemora, con sus 62 metros de altura, la liberación de Kiev por los soviéticos, y de la cual será difícil deshacerse. Sin embargo, parece que los monumentos que conmemoran la liberación de 1944 podrán permanecer tal cual.

Aunque la operación es extensa, la ley se aplica sin revuelos, salvo algunas voces que manifiestan su tristeza al ver que el patrimonio arquitectural se altera de tal manera. Incluso se beneficia de cierto apoyo popular. De hecho, estas medidas recuerdan la dinámica de cuestionamiento de la herencia soviética que se desarrolló al caer la Cortina de Hierro. Por cierto, así es como Vladimir Viatrovich defiende su propuesta de ley, hablando de un “choque memorial” que permite sacar “ganancias en términos de democratización”, a la imagen de las antiguas repúblicas populares. Tratándose de democratización, hay quienes se alzan en contra de las decisiones tomadas sin consultar al pueblo, e incluso sin ningún debate académico. Tampoco se pensó en el aspecto financiero de esta ley: mientras que las calles llamadas Lenin se renombran a menudo en homenaje a los “héroes de Maidán”, son las ciudades y comunidades de escasos recursos las que tienen que pagar los gastos significativos para remplazar las señales de las calles, distritos, pueblos y ciudades.

Aún más problemática es la ambigüedad de la ley que sanciona la propaganda comunista y nazi. Si el objetivo mostrado por Kiev es acabar con las acusaciones rusas según las cuales el nuevo régimen está infiltrado y es apoyado por neonazis, esta ley impone grandes restricciones a las libertades de expresión y de asociación. En efecto, al castigar la negación de “la verdadera naturaleza del régimen comunista”, esta ley impone un relato histórico maniqueo, mientras que otra de estas leyes de “descomunización” hace ilegal el cuestionamiento de la legitimidad de los héroes de la independencia ucraniana del siglo XX. Entonces, ¿cómo considerar a los ucranianos del ejército soviético que combatieron contra los invasores nazis por la liberación de Ucrania? Otro ejemplo de una historia que rechaza lo binario: el ejército insurreccional ucraniano (UPA) formado en 1942, efectivamente combatió por la independencia y no dudó en atacar a los ucranianos del Ejército Rojo, pero su reputación está manchada por un nacionalismo anti polaco agresivo, exacerbado por los invasores nazis, lo cual condujo a la masacre de 80 000 civiles polacos en 1943. Así pues, entre los combatientes por la independencia, la arbitrariedad decidió elevar a algunos al rango de héroes con legitimidad incontestable.

Por otro lado, estas leyes también podrían sancionar a los medios de comunicación o a partidos políticos susceptibles de destacar cualquier herencia de la época soviética. La sección ucraniana de Amnesty International se alzó en contra de las medidas que juzga populistas y restringen las libertades fundamentales. Otras personas ven esto como un medio de distracción que el Primer ministro Arseni Yatseniuk usa para evadir los casos de corrupción. Hannah Hopko – coautora de las leyes y convencida de que si hubieran sido promulgadas al final de la era soviética, la crisis de hoy no tendría lugar – refuta estas acusaciones y denuncia tentativas de manipulación.

Sin embargo, las primeras víctimas de estas leyes contra la propaganda soviética son los partidos comunistas ucranianos, quienes recientemente fueron excluidos del proceso político y electoral a través del decreto del 24 de julio, por lo cual se enorgulleció el Ministro de la Justicia ucraniano Pavlo Petrenko, quien habló de un “acto de justicia histórico”. En reacción a las críticas, aseguró que la decisión había sido tomada con base en pruebas evidentes colectadas por el SBU (servicio de inteligencia ucraniano) y que el Partido Comunista brindaba su apoyo, incluso financiero, a los separatistas del este de Ucrania. Pero ninguna de estas pruebas ha sido publicada hasta hoy en día, por lo que nada indica que esta exclusión esté basada en otra cosa que la ley de prohibición de los símbolos comunistas. Si Ucrania no hace ningún cambio, es muy probable que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechace esta ley, ya que la disolución de un partido solo es posible en caso del cuestionamiento de sus actividades, y no de su nombre o de su identidad gráfica. Si existen pruebas de que el Partido Comunista fue cómplice de actividades criminales, entonces los culpables podrían ser llevados ante la justicia, y esto sin respetar el derecho.

Estos ataques al pluralismo y esta tentativa de imponer un relato único de la historia ucraniana, nos dicen mucho sobre la desestabilización del país, que todavía no se ha recuperado de las consecuencias del movimiento Euromaidán. Ucrania está probando la democracia, pero también está agobiada por una parte de su población rusa que se encuentra en minoría por azares de la historia y que sigue estando apegada a Rusia. Estas leyes de “descomunización” votadas precipitadamente provocaron, aun así, algo que podría resultar benéfico para salir adelante y aceptar un pasado turbio: la desclasificación y la apertura al público de los archivos de la policía secreta de la era soviética. Con la ayuda del Instituto de la Memoria Nacional, los ucranianos por fin podrán obtener información sobre sus parientes desparecidos, susceptibles de haber sido perseguidos por el Comité para la Seguridad del Estado, la sección ucraniana del KGB, órgano emblemático del terror soviético.

Finalmente, la incertitud que reina sobre Kiev en cuanto a los separatistas rusos y la implicación de Rusia en el conflicto al este, llevó a tomar medidas precipitadamente. Deseando defender su independencia, Ucrania impone una reevaluación de su historia con el fin de ensombrecer el periodo soviético. Algunos negarán el carácter opresivo de un régimen inhumano, que en particular dio lugar a la gran hambruna de 1932, la cual causó la pérdida de millones de ucranianos. Sin embargo, son muchos los que no juzgan todos los aspectos del régimen de 1917 a 1991 como criminales. Cabe recordar la famosa declaración de Vladimir Putin, quien estimaba que “aquellos que no lamentan la desaparición de la URSS no tienen corazón, pero aquellos que quisieran volver a construirla, no tienen cabeza”. Hoy en día, como algunos rusos, hay ucranianos, sobre todo en el sur y en el este, que no soportan la caída de la Unión Soviética, que para muchos era sinónimo de esperanza. No es seguro que tales leyes permitan reconciliar a una Ucrania que mira hacia el Occidente y a otra que está ligada históricamente a Rusia.