Amnistía Internacional tiene a Brasil en el punto de mira

Brasil es conocido por su inseguridad desde hace ya tiempo, pero el balance del año 2014 es aún más preocupante: aumento en el número de homicidios, numerosos muertos durante operaciones policiales, protestas duramente reprimidas, agresiones de periodistas, motines mortales en prisiones y por último, casos de tortura.

Para Atila Roque, “un país que pierde cada año casi 60 000 personas claramente no ha logrado dar una respuesta adecuada al principio fundamental del Estado, que es proteger la vida de su población.” Según el informe de la organización, la militarización de las fuerzas del orden contribuye al alto grado de letalidad de la violencia en Brasil. La policía brasileña mató en un periodo de cinco años lo que Estados Unidos mató en treinta años, a pesar de que esta última sea una de las más mortíferas entre los países desarrollados.

Algunos casos marcaron el año 2014. Se destaca particularmente el de Pedreiro Amarildo quien fue torturado hasta la muerte por una brigada de “policías pacificadores” en la favela de Rocinha de Rio de Janeiro, así como el del famoso bailarín Douglas da Silva, quien falleció después de lesiones de balas durante una operación policial en la favela de Cantagalo. Esta masacre fue orquestada por agentes de la Policía Militar durante una operación de venganza por uno de sus colegas que falleció y provocó una decena de muertos el pasado noviembre en Belém, en el norte del país. La constatación es unánime: en Brasil, y especialmente en Rio de Janeiro y Sao Paulo, la seguridad es extremadamente frágil y los poderes públicos no consiguen ejercer un real control en su interior. La transparencia y la rendición de cuentas sobre los comportamientos de sus propios agentes distan de ser una de sus ventajas. La policía no es la única responsable de la alta tasa de mortalidad que afecta Brasil. A veces también son víctimas. Sin embargo, no consiguen neutralizar a los demás actores. Unas de las explicaciones de este fenómeno son las formaciones insuficientes e inadaptadas, la falta de equipamientos y los salarios muy bajos.

Amnistía Internacional designa otro factor responsable de esta alarmante constatación: la inmensa impunidad respecto a los agentes de las fuerzas del orden que comenten violaciones de los derechos humanos. La justicia hace frente a una gran dificultad para investigar homicidios. En promedio, 85% de ellos quedan impunes porque las autoridades son incapaces de encontrar a los culpables o porque no se lleva a cabo ninguna investigación. “Hay casi una licencia para matar en Brasil, porque prácticamente solo se investigan los delitos cometidos en pleno día, delante de todos, cuando todos vieron quienes fueron los culpables.” afirma Atila Roque. Esta omnipresencia de la violencia tanto entre los civiles como entre los que tendrían que proteger crea en la población una angustia y un sentimiento de miedo permanentes. Los brasileños ven como sus vidas se paralizan por el miedo cotidiano al peligro.

Brasil alberga la cuarta mayor población carcelaria del mundo. Esto no significa que el encarcelamiento masivo sea eficaz. Los individuos detenidos en las celdas de las cárceles brasileñas no son los que cometen los crímenes más violentos. Son los que cometen delitos contra la propiedad, contra el patrimonio o que están implicados en el tráfico de drogas. Según el informe de Amnistía Internacional, la sobrepoblación extrema, las condiciones de vida degradantes, los casos de tortura y violencia siguen siendo problemas endémicos en los centros penitenciarios brasileños. Por ejemplo, la cárcel de Pedrinhas en el Estado del Maranhão presenció 78 asesinatos de detenidos entre octubre del 2013 y octubre del 2014. La situación es tal que durante los últimos años, varias denuncias relativas a las condiciones de encarcelamiento han sido presentadas ante la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos.

La entidad sugiere la elaboración de un plan nacional de metas para la reducción inmediata de los homicidios así como la desmilitarización y la reforma de la policía. Esto se concretizará por medio de mecanismos de control externos de sus actividades, la valorización de los agentes y mejores condiciones de formación y trabajo así como de los medios de investigación. Amnistía Internacional también pide que se implemente un plan destinado a proteger a los defensores de los derechos humanos. “Debemos hacer frente al tema de la reforma y la reestructuración de la policía. Hay que pensar en la seguridad como un área de afirmación y no de violación de los derechos humanos. Debemos pensar en la seguridad como parte de las políticas públicas y, por tanto, como un problema del Estado”, resaltó Atila Roque.